En el marco de los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, focalizados en la seguridad humana y la lucha contra los delitos que atentan contra la administración pública, la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró dar captura a 9 miembros de empresas prestadoras de servicios de salud y a 2 funcionarios públicos, en la ciudad de Pereira y en los municipios de Dosquebradas y La Virginia – Risaralda. Se trata de una investigación adelantada por el Área Investigativa Anticorrupción de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía 39 Seccional de la Estructura de Apoyo (EDA) de Pereira, con la que se pudo establecer que 8 personas entre ellos los representantes legales de 4 empresas prestadoras del servicio de ambulancias, un médico accionista de una clínica, un guarda de seguridad, un conductor de ambulancia y dos funcionarios públicos se dedicaron a realizar fraudes a los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT) durante los años 2019, 2020 y 2021. Durante la investigación se pudo establecer que, a través de anuncios en redes sociales, entrega de tarjetas y volantes en la ciudad de Pereira, particulares ofrecían remuneraciones económicas a quienes participaran del fraude, haciendo pasar como supuestos accidentes de tránsito: situaciones como caídas en el hogar, lesiones deportivas, enfermedades generales, accidentes laborales, entre otros. Con este tipo de fraude esta organización criminal lograba que realizaran pagos a las empresas de ambulancias, al realizar los traslados de pacientes a centros asistenciales por valores que oscilaban entre 276 mil pesos y 300 mil pesos por persona, además realizaron desembolsos a clínicas prestadoras de salud, por montos desde 109 mil pesos hasta más de 58 millones por asistencia médica. También fue posible evidenciar que los SOAT de algunos vehículos y motocicletas, eran pasados en diferentes situaciones para ser atendidos por diversos accidentes de tránsito y que los empleados de las empresas prestadoras de emergencias, alquilaban los SOAT de vehículos de su propiedad, para realizar el fraude con las personas que eran remitidas en las ambulancias por los falsos accidentes. Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho propio, cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público.
