- • Asopartes advierte que la medida es especialmente crítica para un sector que importa el 85 % de sus autopartes y que depende de flujos logísticos complejos y rotación constante de inventarios para abastecer el parque automotor nacional.
- La asociación reitera el llamado al Gobierno para revisar técnicamente esta decisión, promover una reforma fiscal concertada y evitar medidas que debiliten la industria formal o comprometan la competitividad y movilidad del país.
Bogotá, mayo de 2025. En un momento de profunda incertidumbre económica, cuando miles de empresas intentan recuperar su liquidez y fortalecer su capacidad operativa, el reciente Decreto 572 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, ha generado una fuerte preocupación en el tejido empresarial colombiano. Esta medida, que modifica el esquema de retención en la fuente, obliga a las compañías a pagar anticipadamente tributos correspondientes al año 2026, lo que impactará especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, responsables de más del 90 % del empleo nacional, compromete el capital de trabajo, afecta la planeación financiera y pone en riesgo la sostenibilidad de múltiples sectores productivos.
Desde la Asociación del Sector Automotor y sus Partes (Asopartes), se advierte que esta decisión representa un impacto directo sobre la estructura financiera de las empresas del sector autopartista, un segmento donde el 85 % de los insumos son importados y la operatividad depende de ciclos logísticos complejos, márgenes ajustados y una alta rotación de inventarios. En un país donde el mercado de motocicletas superó las 824.000 unidades en 2024 y el parque automotor exige más de 50 millones de piezas de recambio al año, medidas de esta naturaleza afectan no solo a las compañías del sector, sino también a millones de ciudadanos que dependen del mantenimiento vehicular para su movilidad y productividad.
“Este decreto es profundamente regresivo para nuestra industria. Obligar a las empresas a anticipar pagos de obligaciones fiscales futuras rompe con los principios de planeación y estabilidad. En lugar de fomentar la producción, se castiga la formalidad y se promueve la informalidad en el comercio de autopartes”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes.
La asociación también advirtió que, al reducir la liquidez del sector, esta medida puede traducirse en una disminución de inventarios, aumento de precios al consumidor final, y un debilitamiento general de la cadena logística. En el mediano plazo, podría impactar negativamente la disponibilidad de repuestos, retrasar reparaciones y elevar los costos del mantenimiento vehicular en Colombia, con consecuencias sobre la canasta familiar, el transporte y la competitividad de la industria nacional.
“Nos preocupa que esta medida se haya adoptado sin un diálogo técnico con los sectores afectados. El sector automotor representa un engranaje clave de la economía formal y de la movilidad nacional. Aplicar una carga tributaria adicional en este momento puede tener efectos negativos sobre la cadena productiva y sobre los indicadores de seguridad vial”, agregó Pineda Osorio.
Asopartes hace un llamado al Gobierno Nacional para que revise de forma técnica y concertada el alcance del Decreto 572, considerando los efectos estructurales que puede generar sobre sectores clave como el automotor. Reiteramos nuestra disposición a participar en mesas de trabajo que permitan construir soluciones fiscales sostenibles sin sacrificar el dinamismo, la legalidad y la estabilidad de los sectores productivos formales.
